LA SOCIEDAD CIVIL comprende un amplio espectro de organizaciones que se activan en la esfera pública, pero no todas se articulan del mismo modo, ni desempeñan el mismo rol en política. Hoy, que la sociedad civil aparece unida bajo la égida de una "Cruzada Moral" de rescate a la justicia y exige la renuncia de los nueve magistrados de la Corte Suprema, es oportuno destacar la naturaleza de las fuerzas coaligadas y valorar justamente el sentido de su reclamación.El movimiento que hoy se propone marchar hacia la sede del Poder Judicial para exigir la renovación completa del máximo tribunal tiene su antecedente más cercano en la Petición Ciudadana por la Justicia, suscrita por las once organizaciones que integran la Alianza Ciudadana Pro Justicia y otras 17 que se adhirieron a dicha petición, hecha en abril del año pasado, semanas antes de las elecciones.
En general, la sociedad civil está integrada por tres tipos de organizaciones, las estructurales, las funcionales y las ideológicas. Las estructurales responden a la ordenación de la sociedad y representan los intereses sectoriales de grupos que tiene una inserción muy específica en las actividades productivas y una interlocución directa con los gobernantes.
Así, hay asociaciones de obreros, empresarios, y profesionales. La Petición Ciudadana por la Justicia está firmada por CONEP, APEDE, FENASEP, FEDAPP, CONAPE, la Asociación Médica Nacional y el Colegio Nacional de Abogados, entre otros. La Alianza Ciudadana Pro Justicia es una agrupación de organizaciones y, como grupo líder, tiene una responsabilidad muy delicada de cara a la ciudadanía.
Los entes funcionales tienen una naturaleza más técnica que política, pero ejercen una doble función, pues tanto participan en la ejecución de planes y programas de gobierno, como también se comportan como fiscalizadores, lo que los lleva a desarrollar una opinión crítica o deslegitimadora. Como recursos técnicos apoyan, no a los políticos, sino a las instituciones. El documento arriba mencionado tiene el aval de la Universidad de Panamá, la USMA, y otros organismos académicos o de defensa de la democracia y los derechos humanos, como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, por mencionar uno de los más conocidos en una larga lista.
Finalmente, están las asociaciones que tienen un carácter ideológico, pues su contribución se ubica fundamentalmente en el terreno de los principios éticos y los valores morales, por lo que su interpelación al Estado puede, en ocasiones, volverse contestataria. Son una parte que imagina representar el todo y busca construir un puente entre los intereses particulares y las exigencias sistémicas. Suscribieron la Petición: la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales, la Comisión de Justicia y Paz, Fundación Pro Fe, la Pastoral Social Arquidiocesana y otros entes vinculados a la Iglesia Católica.
¿Qué pedía la sociedad civil hace un año? La Petición Ciudadana por la Justicia buscó comprometer a los candidatos presidenciales a tres acciones específicas: primero, la designación de una "Comisión de Estado por la Justicia" en los primeros cien días de gobierno; segundo, la firma de un "Pacto de Estado por la Justicia" entre los tres órganos del Estado y la sociedad civil; y, tercero, el nombramiento como magistrados de la Corte Suprema y Procuradores "a juristas de reconocidas ejecutorias en el campo del derecho, con independencia de criterio frente al gobierno, de valores éticos y morales y no vinculados a la política partidista".
Según las organizaciones firmantes, la "Comisión" debía estar integrada por representantes de los tres órganos del Estado, los partidos políticos, y por "personas de reconocido prestigio profesional, provenientes de la sociedad civil y del entorno académico", elaborar una Política General de Estado para la reforma judicial, y entregar, en el plazo de seis meses, un plan de acción.
El "Pacto" sería, presumiblemente, el mecanismo político para garantizar la ejecución del programa de reforma judicial. Curiosamente, hay una mayor riqueza de opiniones políticas en la "Comisión", cuyo trabajo es más bien técnico, y una mayor capacidad de legitimación técnica en los integrantes del Pacto cuyos objetivos son políticos.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia es una agrupación de organizaciones y, como grupo líder, tiene una responsabilidad muy delicada de cara a la ciudadanía. No obstante, no produjo en su momento una evaluación de los cien días de gobierno, ni de los primeros seis meses. Hubiese sido valioso que la Alianza hubiese hecho pública una ponderación de la calidad de las designaciones hechas por el Ejecutivo en los altos cargos del sistema de justicia, mas no se hizo.
En vez de eso, se negó a firmar el "Pacto de Estado por la Justicia" convocado por el Presidente de la República la semana pasada, sustentando su negativa no en razones de fondo, sino en razón de su oportunidad. Al parecer, su posición consiste en que no es el momento de poner en práctica la reforma judicial, sino de lograr la depuración total de la Corte Suprema.
Si esta postura se mantiene, se le habrá asestado un duro golpe a cualquier posibilidad de participación ciudadana en el proceso de reforma, pero dicha posición es consecuente con el señalamiento de la "Cruzada Moral", pues no tiene sentido pactar con una contraparte que se considera ilegítima, y mucho menos pedir la renuncia de la persona con la que se pretende llegar a un pacto.
El esfuerzo por mejorar el sistema de justicia no sólo debe ser sostenido, también debe ser consistente. Igualar a los magistrados con la petición de que "todos deben renunciar" es, a todas luces, un acto de injusticia en perjuicio de quienes han pagado el precio de promover los cambios desde adentro y siguen siendo los mejores aliados internos de la reforma. Peor aún es la insinuación de una transacción de renuncia a cambio de impunidad por los delitos que todo el mundo sospecha, pero que nadie se atreve a precisar.
La sociedad civil está a punto de echar por el drenaje un ambicioso proyecto de transformación institucional a cambio de juguetear con un slogan que no podrá mantener por mucho tiempo.
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El Panamá América, Martes 15 de marzo de 2005
