LA FIRMA DE un "Pacto de Estado por la justicia" no debe considerarse un hecho intrascendente en la historia de una nación. La sola idea denota madurez de carácter y seriedad de propósitos.Visto desde afuera, y en ausencia de elementos de contexto, el pacto debiera transmitir una sensación de seguridad y firmeza, que son claramente aspectos positivos en una gestión de gobierno. En la práctica, sin embargo, la sociedad civil ha mostrado incredulidad y los medios de comunicación han reflejado una opinión pública que no ve más que una mera táctica del Ejecutivo para enfriar los ánimos del movimiento ciudadano que ha exigido las renuncias de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Visto desde cerca, el pacto se desdibuja cuando el bisturí de la razón comienza a hacer su trabajo. La primera pregunta que cabría hacer es si son todos los que están y si están todos los que son. Suscriben el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, los dos Procuradores y representantando a la sociedad civil, el Defensor del Pueblo y el Presidente del Colegio de Abogados.
Una convicción democrática hace que la idea de una actuación conjunta de los tres órganos del Estado perturbe un poco, lo que tranquiliza es que ni el Presidente de la Asamblea, ni el Magistrado Presidente de la Corte tienen la capacidad legal para comprometer a sus respectivas instituciones a nada. Pero la cosa no para allí. También perturba que suscriban, en un plano de igualdad, los dos procuradores, el Defensor del Pueblo, y el Presidente del Colegio Nacional de Abogados.
Me hubiese gustado ver en el documento, que obtuve por medio de la Internet, alguna señal de que no todas las firmas tenían el mismo peso, de que el Defensor del Pueblo y el Colegio de Abogados no eran más que testigos de buena fe, pero no había nada que así lo indicase.
Si es un pacto de Estado, ¿dónde están las fuerzas políticas que le darán sostenibilidad a dicho pacto? En España, por citar un caso, el pacto por la justicia lo suscribieron el PSOE y el Partido Popular. Aquí podría ser que el actual gobierno no considere necesario contar con otras fuerzas políticas y descarta la posibilidad de que las pueda necesitar en un mediano plazo. Cierto es que la sociedad civil fue invitada, pero su no concurrencia no afecta la existencia del pacto. Se suman y ya está. Después de todo, la idea original fue de la sociedad civil.
Adviértase que las asociaciones civiles no pidieron un "Pacto entre el Estado y la Sociedad", que habría parecido más apropiado desde el punto de vista de los concurrentes. En el documento firmado el año pasado pidieron un "pacto de Estado" y eso fue lo que le dieron.
¿Cuál es el objeto del llamado pacto? La creación de una "Comisión de Estado por la Justicia", que estará integrada por "representantes" de las mismas entidades firmantes. No dice delegados, que es la figura que se utiliza cuando se tiene la potestad de delegar una responsabilidad. Dice "representantes", lo que significa, si las palabras valen algo, que el mismo Martín Torrijos debería sentarse con Jerry Wilson y José Andrés Troyano, más los otros -perdón, es que la lista es larga-, a formular una política de Estado para el sistema judicial, pues ellos son los únicos representantes de los respectivos órganos del Estado, lo cual es absurdo.
¿Tomarán sus decisiones por mayoría (como en la Comisión de Reformas Electorales, por ejemplo) o por consenso (como en el Foro 2020)? ¿O es que se ha previsto que no habrán diferencias de opinión?En estos momentos el pacto adolece de un contenido concreto. Será la "Comisión" la que le proporcione un contenido real al pacto, pues los siete rubros mencionados en el documento son extremadamente abiertos y no carecen de ambigüedades y formulaciones defectuosas, las que sería demasiado largo exponer en este espacio.
En 180 días, o probablemente antes, tendremos un "Informe Final" que contendrá las Políticas de Estado para la reestructuración y modernización del sistema de justicia. Se ha criticado que 180 días son muchos. Esto se dice porque no se tiene fe en el trabajo de planificar a mediano y largo plazo y se subestima la complejidad de los problemas relativos a la justicia, que rebasan totalmente las cuestiones centradas en la percepción pública, como la credibilidad y la confianza.
En mi opinión, 6 meses son muy pocos, si se quiere de veras hacer un trabajo a fondo, el cual es esencialmente técnico y no siempre jurídico. En el 2003, el Órgano Judicial elaboró un Plan Estratégico, con la ayuda de cientos de personas de la institución y asistencia técnica de organismos internacionales. Seguramente, la Comisión encontrará allí un insumo valioso.
En el llamado "Pacto de Estado por la Justicia" sólo destaca el esfuerzo del Presidente de la República por preservar la institucionalidad, aunque su imagen se encuentre terriblemente erosionada. Es la fórmula panameña.
En Guatemala, por el contrario, por poner un ejemplo, el presidente Berger acaba de hacer destituir al Procurador General, justamente "para preservar la institucionalidad". Cuando en Argentina y Paraguay se efectuaron cambios de gobierno, tras elecciones en las que la lucha anticorrupción había jugado un papel predominante, se procedió al procesamiento de los miembros de la Corte Suprema, de lo cual resultaron renuncias y destituciones de una mayoría de los miembros de la corporación.
La manera más optimista de enfrentar el actual proceso radica en adoptar una postura flexible para que el pacto evolucione, se integre con todos los elementos necesarios y se depure de abstracciones inútiles. Por ahora se trata sólo de señalar un camino y precisar las herramientas que se requieren para andarlo. Luego vendrá la discusión y aprobación de leyes, y las decisiones ejecutivas, que son las formas clásicas en que se expresa el respaldo político a los proyectos de Estado.
_____________________________________________
El Panamá América, Martes 22 de marzo de 2005
