"LA REFORMA de la Justicia Panameña alcanzará su máximo nivel, cuando se ejecuten reformas a la Constitución Política en el tema de la Justicia o del Órgano Judicial."Estas son las palabras textuales con las que el Informe de la Comisión de Estado por la Justicia inicia la sección correspondiente a los cambios constitucionales que requiere la transformación del actual sistema de administración de justicia. Esta es una declaración de suma trascendencia, opacada, sin embargo, por el hecho de que se encuentra en la página 54 del documento mencionado.
En dicha sección se hace una ponderación cautelosa y no concluyente de algunos temas constitucionales que comentaré en una próxima ocasión. Con la entrega del Informe no hemos llegado al final de una etapa; tampoco es el inicio de un proceso de cambios. Estamos en medio de una transformación institucional, cuyos rumbos no están plenamente definidos ni totalmente garantizados, pero que no se le enfoca bien porque la atención la roba la próxima designación de dos magistrados de la Corte Suprema.
Al momento de ejercer su potestad constitucional, el Presidente ha aceptado autolimitarse y escoger de una lista elaborada por personas ajenas al gobierno y representativas de la sociedad civil. Para que el tema no lo consuman el desconcierto y la incomprensión, ni se atasque en la rueda de la envidia profesional, procedo a dar una ojeada rápida al conjunto de acciones recomendadas.
El Informe contiene 27 propuestas, de naturaleza muy desigual, organizadas en 5 ejes temáticos, que pueden implementarse a través de medidas administrativas y la aprobación de nuevas leyes (el anexo contiene 5 proyectos de ley) en los próximos 3 ó 4 años. Dichos ejes y sus respectivas propuestas son:
1. Acceso a la justicia, 5 propuestas. Se plantea reemplazar a los corregidores (que no son parte del Órgano Judicial) por jueces de paz (que sí lo serían). Para el 2009 se nombrarían 30 nuevos defensores para personas que no pueden pagarse un abogado, (actualmente hay unos 40 defensores en todo el país y están totalmente sobrecargados). Se propone estimular la mediación en las provincias y crear nuevos centros como el que existe en Panamá.
Se reconoce la necesidad de mejorar la tutela judicial de los grupos vulnerables (pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres y menores de edad) a través de la ampliación de la tutela penal y la capacitación de los servidores judiciales. Se retoma la creación de la Sala Quinta, que tuvo una fugaz existencia en 1999, y que se preve instalar en el 2007, para que resuelva las demandas de amparo.
2. Reforma integral de la jurisdicción penal, contiene 3 propuestas, que son: la adopción de una política criminológica de Estado (de la cual se ofrece un borrador en el anexo); la introducción de cambios legislativos, previstos para el próximo año, para iniciar la transición hacia un modelo acusatorio (lo que significa que el Ministerio Público podría ser despojado de la facultad de decretar la detención preventiva); y la aprobación de nuevos códigos penal y procesal penal, según una serie de lineamientos, de los que hay que decir que, en general, son muy avanzados y de un credo liberal y democrático. Por ejemplo, se plantea correctamente la disminución sistemática de la privación de libertad y se preve crear la figura de la responsabilidad penal de las empresas.
3. Reforma estructural del sistema, esta es la sección que concentra el mayor número de propuestas con un total de 8. Para el próximo año se preve la adopción de un procedimiento uniforme para investigar y sancionar a servidores judiciales (lo que abarca a los miembros del Ministerio Público) por faltas a la ética y disciplinarias, y para el 2007 se contempla la creación de un tribunal disciplinario.
Esto deja por fuera, naturalmente, a los magistrados de la Corte Suprema y a los dos Procuradores, pues dichos funcionarios no son de carrera. Se propone también diseñar una nueva ley de carrera judicial, depurada de todos los vicios actualmente existentes y que han sido existosamente implementados en los últimos doce años (las largas "listas de elegibles" y los llamados "concursos internos"), aunado a un sistema de evaluación del desempeño.
Se dispone también adoptar un sistema de carrera judicial para el Ministerio Público, bajo los "principios de independencia e imparcialidad judicial", mención novedosa, pues los fiscales panameños han sido por tradición dependientes de sus superiores jerárquicos. Se incluye en este eje el diseño e implementación de un nuevo modelo de gestión judicial, proyecto de gran trascendencia para la actual administración de justicia, y del que se hicieron avances importantes durante la presidencia de Arjona. Se preve reforzar la Escuela Judicial y volver a conectar al Ministerio Público a los servicios que ella ofrece.
Se plantea la reestructuración del Consejo Judicial y dotarlo de una secretaría permanente, sin que sea muy claro cual es la utilidad real de dicha institución. Se enumera la serie de despachos judiciales creados por ley en los últimos diez años y no instalados hasta la fecha y se dispone organizar su apertura según un Mapa Judicial, que ya existe y requiere actualización.
4. Rendición de cuentas y transparencia, se hicieron aquí 5 propuestas. Se quiere fortalecer la auditoría judicial (dedicada solo a medir el desempeño) y replicar el modelo para el Ministerio Público. También se plantea mejorar la comunicación de la institución y se tiene como meta colocar en Internet toda la información relativa al desempeño de cada uno de los despachos judiciales.
Eché de menos el anuncio de que todos los fallos de la Corte Suprema y sus salas estarán disponibles on-line, tan pronto como sean notificados a las partes. En vez de eso, se dice que se creará en el Ministerio Público una Secretaría de Comunicación, "con el fin de informar sobre la gestión de la instrucción sumarial". Nada menos. Se preve fortalecer a las fiscalías anticorrupción con nuevas técnicas y tecnologías.
5. Reformas jurisdiccionales, con 6 propuestas, reúne los cambios planteados en las mesas de trabajo de las jurisdicciones especiales (laboral, familia, niñez, marítimo, libre competencia) y tienen que ver con la calidad de la protección judicial de los derechos (la llamada tutela jurisdiccional), pero cuyas soluciones se encuentran unas veces en el ámbito de la gerencia efectiva, otras en el rediseño legal de las instituciones.
Mezclado, e inadvertido, en este grupo está un proyecto de grandes dimensiones como lo es la reforma del Código Civil y del procedimiento civil, junto con la creación de un juzgado civil piloto que sustanciará sus procesos oralmente. ¡Toda una revolución!______________________________________________
El Panamá América, Martes 4 de octubre de 2005
