LA DEMOCRACIA está hecha tanto de sólidas estructuras que han evolucionado a lo largo de los últimos 200 años y que ya han adquirido una permanencia definitiva en la vida institucional del Estado moderno, como de actitudes que buscan guiarse por principios y conceptos en situaciones de crisis y tensiones, en las que la normalidad es una huidiza sombra que suele despistar a quienes creen seguirla.Nadie puede saber cómo evolucionará la crisis de credibilidad que afecta hoy gravemente a la Corte Suprema. Nadie puede saber hoy si el problema tendrá una solución oportuna, o tendrá la más costosa de todas las soluciones posibles.
Creo, no obstante, que es posible distinguir entre lo coyuntural y lo permanente, en un esfuerzo por buscar luces orientadoras en medio de unas circunstancias marcadas por intervenciones controversiales, enfrentamientos asimétricos y una creciente distancia entre las partes en disputa. Porque no podemos considerar como un procedimiento de rutina que la Embajada de Estados Unidos entable una acusación tan grave contra un integrante del menos político de los órganos del Estado.
Tampoco es apropiado que el presidente de la Corte recurra a la prensa, la radio y la televisión para polemizar -con muy pobres argumentos- contra líderes de la sociedad civil en defensa de la maltrecha imagen de la institución, y en beneficio de algunos colegas cuya reputación ha quedado algo ajada tras la serie de denuncias e intercambios suscitados en los medios.
Como un rasgo peculiar de esta coyuntura destaca la actitud de los adversarios políticos del grupo bajo ataque. Uno habría esperado fuertes palabras de condena de parte del actual gobierno, pues el actual mandatario recibió un golpe a su liderazgo, cuando siendo opositor, miembros de su propio partido cambiaron su voto legislativo y decidieron respaldar las designaciones hechas por el gobierno de Moscoso.
Mientras el Ejecutivo ha reiterado una y otra vez que "respetará la institucionalidad" (pero si nadie le ha pedido que la irrespete), el mensaje que la ciudadanía recibe no es uno positivo; más bien pareciera que las palabras del Presidente fuesen de resignación ante la impunidad creada por las normas y las instituciones.
Juzgar a un magistrado de la Corte Suprema es un hecho extraordinario en la vida del Estado, ciertamente; pero, como toda cirugía, puede llegar a ser necesario y al final tendrá efectos positivos sobre el organismo social. Evitar a toda costa el juzgamiento de un magistrado, es una pesada hipoteca sobre la credibilidad institucional y tiene efectos negativos y más duraderos.
En consecuencia, el "affaire Spadafora", como habrá que llamarle de ahora en adelante para singularizarlo respecto del cuestionamiento más general hacia la mayoría de la Corte, también ha impactado negativamente a los que fueron sus adversarios políticos (digo "fueron" porque un magistrado no está supuesto a tener adversarios políticos).
Antes de que se cumplan 15 meses de gestión del nuevo gobierno, los medios dicen que la percepción de corrupción es tan severa, pese a que Torrijos tuvo unas palabras iniciales contundentes en esta materia que gozaron de plena credibilidad, y ha cumplido con una buena parte de su agenda anti-corrupción, la cual tendrá efectos positivos y duraderos en el funcionamiento cotidiano del Estado.
Por lo visto, la política preventiva en materia de transparencia e integridad no recibirá su pleno reconocimiento hasta que no se combine con acciones punitivas y se establezca un marco normativo adecuado para exigirle responsabilidad a los altos funcionarios del Estado, y se ponga en práctica dicha regulación.
Una evaluación distinta cabe hacer en relación con el nombramiento de dos magistrados de la Corte Suprema, que se verificará en los próximos días. En principio se trata de un hecho que responde a la estructura permanente del Estado. En un período de diez años se nombran dos magistrados cada dos años, por un periodo de diez años (en la quinta ocasión corresponde nombrar solo uno).
Este proceso está reglamentado en la Constitución y no puede ser alterado por una vía distinta a la constitucional. Pero he aquí que el calor de la coyuntura motivó a los actores políticos y de la sociedad civil ha entretener la idea de un cambio en el procedimiento de selección, con el fin de limitar o controlar las facultades del Ejecutivo.
El tema fue ampliamente debatido en la Comisión de Estado por la Justicia, pero las recomendaciones hechas por los comisionados no fueron plenamente acogidas por el Acuerdo de Gabinete que finalmente reglamentó la materia. A la pregunta de si tenemos un nuevo procedimiento para seleccionar a los miembros del máximo tribunal de justicia, que como estructura permanente ayudará a consolidar la democracia, la respuesta debe ser tajante: las instituciones duraderas se construyen en la Constitución y en las leyes, y lo que tenemos hoy no es más que un acto de benevolencia de un mandatario honesto que ha querido compensar a la ciudadanía por los daños morales que se le infirieron en el periodo anterior y del que nadie está dispuesto a olvidarse.
Más que un procedimiento, presenciamos hoy una serie de trámites que no gozan de ninguna obligatoriedad, pero que responden a una sana actitud de hacer a la sociedad partícipe de la entrada del aire fresco en los despachos de la Corte. Ojalá que cuando este viento renovador empiece a soplar lo haga en la dirección esperada y le insufle una nueva esperanza a la nación de que es posible recuperar la dignidad que debe tener el máximo tribunal.
Pero no nos equivoquemos, dos nombramientos que en el mejor de los casos llevarán a individuos probos e independientes a enfrentar viejos y conocidos problemas, no son una mayoría y no garantizarán una solución estable ni duradera. La probidad de sus actuaciones sólo reforzará la percepción ciudadana de que el país aún no cuenta en su máximo tribunal con el nivel de integridad que la permanente y delicada tarea de hacer justicia demanda. _________________________________________________
El Panamá América, Martes 20 de diciembre de 2005
