Siete tesis equivocadas sobre la Justicia

PRIMERA tesis: El problema de la justicia consiste en la falta de credibilidad de la Corte Suprema de Justicia.

El problema de la justicia es el que experimentan diariamente en todo el país los ciudadanos que acuden a las instituciones del sistema judicial en búsqueda de una solución a sus conflictos reales. Los datos relativos a la muy baja credibilidad en el sistema de justicia que difundió la Alianza Ciudadana Pro Justicia, hace unas semanas, comprenden a todos los tribunales, fiscalías y al sistema penitenciario.

El porcentaje de casos que atiende la Corte Suprema de Justicia es muy pequeño en comparación con la labor diaria del sistema judicial, por lo que es justo concluir que el descrédito de la justicia no se refiere ni sólo, ni principalmente, a la carcomida imagen que tiene una mayoría de los magistrados del máximo tribunal.

Segunda tesis: El problema de la justicia se soluciona con el nombramiento de nueve nuevos magistrados.

Como el problema de la justicia es un problema que experimenta una masa de ciudadanos, es perfectamente posible que haya magistrados probos en la Corte Suprema y aún así la justicia siga estando plagada de ineficiencia y corrupción. Lo que el sistema de justicia necesita es que la Corte Suprema tenga un liderazgo eficaz para producir los cambios en todo el sistema. Ese liderazgo necesita una mayoría funcional, con cinco votos basta, para tomar las decisiones que hay que tomar.

Los magistrados que se resistan, terminarán uniéndose al grupo líder. Hace dos años una mayoría funcional eligió como presidente de la Corte Suprema a uno de sus integrantes que hizo gala de no creer ni en la reforma judicial, ni en la necesidad de nuevos proyectos para insuflar nueva vida a la institución. Sólo fue eficaz desandando el camino andado por la Presidencia anterior.

Tercera tesis: El problema de la justicia lo debe resolver el Presidente de la República.

El Presidente no puede por sí solo resolver ni el problema de la justicia, ni el de la credibilidad de los integrantes de la Corte Suprema. Cualquier pronunciamiento público del Presidente que solicitara cualquier cosa a los magistrados del supremo tribunal sería un craso error. El mandatario debe limitarse a hacer designaciones idóneas; tiene una pendiente desde el año pasado, y no ha mostrado ningún apuro en llenar la vacante, y una segunda designación se acerca en unos meses.

Si el Presidente mantiene en estas dos designaciones la calidad moral y profesional de la que hizo el año pasado, habrá mostrado claramente su interés en que el país cuente con una magistratura independiente e idónea, que sea la que le ponga el cascabel al gato en materia de justicia.

Cuarta tesis: El problema de la justicia se resuelve a través de una mini-constituyente.

La idea es tan absurda que faltan palabras para describirla. Si el Ejecutivo, el Legislativo y la Procuraduría deciden dar inicio a un festival de errores y desaciertos, terminaremos, ciertamente, con una nueva ilegitimidad en todos los órganos del Estado, que es el escenario, deseado según algunos, de donde surgirá una Constituyente.

En mi entender, la Constituyente será el resultado de que las fuerzas políticas quieran una nueva Constitución. El intento de hacerlo contra las fuerzas políticas, no es quijotesco, es irresponsable. El Pacto Nacional por la Justicia, propuesta que ha levantado la Alianza Ciudadana Pro Justicia y que urge llevar adelante, no requiere de una Constituyente, mini o con otro vestido.

Quinta tesis: El problema de la justicia se resuelve fuera del actual marco constitucional y legal del Estado de derecho.

La tentación de adoptar medidas fuera del actual marco jurídico y constitucional debe ser resistida a toda costa y sería bueno que los dirigentes de la sociedad civil dejaran de coquetear con el enjambre de falacias a que nos quieren acostrumbrar los irresponsables de todas las horas.

Ni la Asamblea Nacional, ni la Procuradoría General de la Nación deben emitir resoluciones, cartas, o notas que se encuentren más allá de sus funciones constitucionales. Hacerlo sería profundizar los problemas.

Sexta tesis: El problema de la justicia se resuelve de forma inmediata.

Como lo que está dañado es algo muy profundo, tomará tiempo en recuperarse. Las nuevas designaciones que se hagan, ya sea porque corresponde hacerlas, o porque algunos de los integrantes de la Corte hayan decidido ahorrarse el calvario que el futuro inmediato promete y renuncien voluntariamente al cargo, serán solamente un principio de solución y no la solución misma.

La actitud de resolver este asunto en "dos patadas" es sólo una pantomima, un gesto para consumo mediático, que no resiste el menor análisis. La ciudadanía debe aprender a desconfiar de estas actitudes.

Séptima tesis: El problema de la justicia se resuelve sin necesidad de hacer justicia.

A través de los medios de comunicación se han exigido renuncias de los magistrados, y se han sugerido decisiones ejecutivas; sin embargo, tiende a olvidarse que es imperativo que se haga justicia, y que la justicia es un proceso, y que un proceso recorre una serie de etapas reglamentadas en la Constitución y las leyes.

Cualquier intento de optar por la solución de Barrabás (la pretensión de satisfacer las preferencias populares concediendo lo que la turba pide) llevará a los aventureros a su crucifixión. Donde hay indicio de que se ha cometido un delito, debe haber una investigación. Lo más saludable es que dicha investigación concluya con una sentencia final (sobreseimiento, absolución o condena), que haga tránsito a cosa juzgada, y no con una resolución inhibitoria, que no aclara nada y no termina nada. La ciudadanía está harta de leguleyadas.
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El Panamá América, Martes 8 de marzo de 2005